Tierra Caliente se denomina al valle extremadamente seco que atraviesa el estado mexicano de Michoacán. En este paraje árido, donde los termómetros suelen rebasar los 50º en verano y no llueve casi nunca, se está librando una de las guerras más sangrientas que recuerde la reciente historia latinoamericana. Michoacán es un infierno, dicen muchos lugareños agotados por las consecuencias de un conflicto armado que ha traído la ruina económica, social y moral a su pueblo.
La muerte cotidiana
Con una historia tradicionalmente ligada al cultivo de la marihuana, en Tierra Caliente nadie se sorprende por la actividad narco. Sin embargo, se han hartado de la violencia sufrida en los últimos años, a tal punto, que en febrero de 2013 hicieron su aparición pública las llamadas Autodefensas Comunitarias. En principio, un grupo de ciudadanos que decidió tomar las armas y defenderse por sí mismos, frente a la pasividad del Estado y la enorme agresividad del crimen organizado.
Siete años antes (en enero de 2007), el entonces presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa (PAN), decidió declararle la guerra al narco. Oriundo de Morelia, la capital de Michoacán, este dirigente creyó que involucrando al Ejército Nacional en la represión del crimen organizado conseguiría bajar los altísimos índices de criminalidad que azotaban al pueblo mexicano. Pero, su estrategia no rindió los frutos esperados y en muchos sentidos, empeoró la situación anterior. Durante este tiempo, el ejército incursionó libremente en los territorios más conflictivos del país, deteniendo a cientos de bandidos, incautando armas y toneladas de estupefacientes, pero también sometiendo a la población civil a una presión insostenible. La escasa coordinación entre las diferentes fuerzas del orden involucradas (Policía Local, Policía Federal, Ejército y Marina), el alto índice de corrupción demostrado entre sus cuerpos, como también entre los cargos políticos, y el enorme poderío económico-militar exhibido por los cárteles de la droga, se combinaron para conducir hacia el fracaso más rotundo las políticas de Calderón.
El saldo del conflicto, cuantificado en vidas humanas, es pavoroso. Oficialmente, el Estado mexicano admite la pérdida de algo más de 60mil personas desde 2006, pero diversas ONG elevan esta cifra hasta los 150mil ciudadanos (incluyendo a los desaparecidos). En el estado de Michoacán, las cifras son aún más impactantes, Desde 2007, los homicidios cometidos en la región se calculan en 12.700, y durante 2013, las muertes violentas ascendieron a más de tres mil, además de producirse una docena de desapariciones a manos de policías municipales o soldados.
La reacción armada
Desde la llegada al poder del presidente Enrique Peña Nieto (PRI) en diciembre de 2012, poco ha cambiado en el transcurso del conflicto. Su publicitado perfil de político transformador, una imagen que gusta cultivar en los Foros Internacionales a los que asiste, contrasta de plano con la dura realidad que deben sobrellevar día tras día, los campesinos o pequeños empresarios de Aspatzingán, Tepalcatepec, Aguililla o La Ruana. Los mismos que hace un año atrás decidieran armarse para enfrentar a los mafiosos del narcotráfico, a las autoridades municipales y hasta los policías locales.
La irrupción de las Autodefensas sorprendió a muchos, puso en el mapa de la opinión pública internacional a la Tierra Caliente michoacana y planteó un desafío abierto a las políticas oficiales del Estado mexicano. Sospechadas, desde el primer día, de ser un brazo armado paramilitar del cártel de Jalisco Nueva Generación, sus voceros lo han negado rotundamente. En sus videos de Youtube, el doctor Juan Manuel Mireles dice que se han cansado de los Caballeros Templarios y advierten a las autoridades que no se desarmaran hasta terminar con los narcos y los políticos corruptos que los protegen.
Los Caballeros Templarios son un grupo mafioso que opera a sus anchas en Michoacán desde que consiguiera barrer al antiguo cártel de Jalisco de la región durante los últimos años. En esta cruel guerra entre los diferentes cárteles establecidos en México radica el componente básico de la violencia que arrasa a este país. Muchos consideran que si un cártel se hace con un territorio determinado y el resto los respeta, la convivencia ciudadana puede restablecerse en una relativa normalidad. De hecho, casi todo México funciona así. Pero, en Michoacán, no son pocos los que acusan a los Caballeros Templarios de un abuso enorme en su reinado. El Dr. Mireles, de las Autodefensas, afirma que han tenido que soportar violaciones sistemáticas de sus mujeres, cobro de impuestos mafiosos y asesinatos múltiples por parte de este grupo.
La población de Aspatzingán (90mil habitantes) es señalada frecuentemente como el centro neurálgico de la actividad delictiva de los Templarios. Allí, el obispo Miguel Patiño Velázquez vive denunciando abiertamente esta situación. El mismo cuenta a la prensa mexicana que: "En un primer momento se daba solamente la siembra de marihuana. En un segundo comenzó a darse propiamente el narcotráfico. Después vino el fenómeno del consumo. Ahora vivimos un cuarto momento; el del fortalecimiento de las bandas del crimen organizado que se apoderaron de la zona".
El eclesiástico desea trasladar su testimonio de primera mano al Vaticano, cuando visite personalmente al papa Francisco en mayo próximo. Luego agrega que: "Los gobiernos anteriores dejaron crecer el problema del narcotráfico que resquebrajó la convivencia social, al grado que la muerte y la violencia están hoy por todos lados. Ya no se puede transitar de un municipio a otro sin someterse a revisiones, ya sea por carretera asfaltada o por caminos de brecha. Los alimentos y los combustibles llegan a escasear. Y la gente pobre es la más afectada". En este último aspecto, nadie se atreve a disentir con el religioso. La zona de Tierra Caliente sufre desabastecimiento de alimentos y medicinas.
El Imperio de los Templarios
Acusados por las Autodefensas Comunitarias de enriquecerse a base de la extorsión, el secuestro y el tráfico de estupefacientes, los Caballeros Templarios han mantenido relaciones demasiado estrechas con las autoridades políticas de la región. Según el Dr. Mireles, desde el gobernador de Michoacán hasta las diferentes policías municipales estarían al servicio de esta mafia. El gobernador Fausto Vallejo (PRI) está sospechado de favorecer la actividad del grupo, pero la lista es extensa y variopinta en cuanto al color político. Iris Vianey Mendoza (senadora nacional del PRD), Uriel Chávez Mendoza (alcalde de Azpatzingán del PRI), Guillermo Valencia Reyes (alcalde de Tepalcatepec del PRI), Luis Torres Chávez (alcalde de Buenavista Tomatlán del PRI) y Jesús Cruz Valencia (alcalde de Aguililla del PRI) figuran entre los más destacados.
Los Templarios también muestran su cara en Youtube, a través de un líder muy particular llamado Servando Gómez Martínez, apodado "La Tuta". El delincuente es pródigo en la concesión de entrevistas a la prensa, y en su estilo cercano y barriobajero se podría sintetizar el carácter mediático que esta contienda adquiere en México. En su serpenteante discurso no es complicado distinguir un conocimiento intenso del mapa político regional y nacional, además de intuirse cierto mensaje codificado que pretendería hacer llegar a sus interlocutores estatales. La Tuta amenaza sin ambigüedades a Peña Nieto, al gobernador Fausto Vallejo y siempre compara la administración de Calderón con la actual, incluso destapando posibles conexiones e intercambio de favores que han llegado a salpicar a la senadora del PAN, Luisa María Calderón, hermana del expresidente. Oyendo a la Tuta no es complicado imaginar que los Templarios han mantenido relaciones intensas con el poder político, coincidiendo justamente con la acusación realizada por las Autodefensas.
Entre los negocios poco claros en que podrían estar vinculados los Templarios, se señala la explotación de una mina de hierro en La Lajita, conocida como El Faraón. Legalmente el proyecto pertenece a una importante empresa acerera india, Arcelor Mittal, la cual ha sido acusada por entidades defensoras de los DDHH como responsable del supuesto desplazamiento forzado de pobladores indígenas en la región. En concreto, se sabe que la extracción de hierro en el municipio de Arteaga es cuantiosa, con enormes reservas (valoradas en 40 años). En este sentido, el puerto de Lázaro Cardenas, el más importante del Pacífico mexicano, ha sido testigo de cómo se ha disparado el intenso tráfico de hierro hacia oriente (India y China) en los últimos años. Si bien, el verdadero rol de los mafiosos en esta cuestión no se ha investigado jamás, algunos hechos han encendido las alarmas. El asesinato de un ingeniero civil que trabajaba en la mina, Baltazar Ponce Guadarrama (48), tiene connotaciones mafiosas. En octubre pasado, su cuerpo apareció acribillado a balazos en las cercanías de la mina El Faraón, sin un móvil concreto que justificara la agresión. Para las Autodefensas, no caben dudas, los Templarios serían responsables del hecho.
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| El cuerpo sin vida del ingeniero de El Faraón, una mina de hierro en Michoacán. |
Armados hasta los dientes
Los ajustes de cuentas, la revancha y la coacción han penetrado la vida cotidiana de muchísimos mexicanos hasta límites insoportables. El imperio de la violencia se ha normalizado. Se calcula que algo más de 60.000 armas de todo calibre ingresan mensualmente de contrabando al país. Estas dos mil armas diarias estarían alimentando la escalada del poder de fuego de los cárteles en paralelo con el fuerte incremento de la inversión en seguridad que asume el Estado mexicano. Solamente en 2013, Peña Nieto se gastó cerca de 3.500 millones de euros en el presupuesto de Defensa, doblando la cantidad asignada por Calderón en 2007. La guerra está servida, México se ha convertido en un fabuloso mercado para todo tipo de armamentos, desde tanquetas de última generación, explosivos, armas largas hasta pistolas de todo calibre. Lo más curioso es que la Ley mexicana prohíba el porte civil de armas, y en ellas se está depositando la poca esperanza que les queda a las víctimas de los abusos. Por esta razón, las Autodefensas despiertan simpatía y preocupación a partes iguales.
Estos grupos han conseguido enfrentarse con los Templarios de manera directa y bastante eficaz. Han tomado pueblos enteros y expulsado a las autoridades que consideraban mafiosas. Los alcaldes priístas de Buenavista Tomatlan, Tepalcatepec y Aguililla dan cuenta de ello. Según las últimas noticias, han avanzado hasta controlar al menos unos 40 municipios y no piensan desarmarse pese a las advertencias del gobierno federal.
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| Caravana de autodefensas comunitarias en Buenavista, Michoacán. |
En este último año, el gobierno dudó en su manera de encarar el problema. En un principio, el Ejército no colaboró con los comunitarios armados, luego optó por negociar y hasta patrullar en combinación con ellos. Finalmente, la presión internacional llevó a Peña Nieto a encontrar una salida pactada con las Autodefensas. Luego de algunas reuniones en Morelia entre el gobernador de Michoacán y los líderes comunitarios, se llegó finalmente a un frágil acuerdo que permitiría encontrar una figura legal para el encaje de estos grupos armados. A cambio, el gobierno se ha comprometido públicamente con una fuerte inversión en Michoacán y facilitaría la investigación de aquellos políticos señalados por coludirse con la mafia de los Templarios.
La experiencia colombiana
En la práctica, Tierra Caliente continúa en estado de guerra abierta. El Ejército pretendió desarmar a algunos miembros de la Autodefensa en el municipio de Aquila y se produjo un enfrentamiento que dejó 4 muertos. Ahora mismo, es inminente la entrada de los comunitarios en la crucial ciudad de Azpatzingán, con consecuencias imposibles de imaginar todavía. Al mismo tiempo, la Policía Federal ha capturado a buena parte de los cabecillas de los Templarios, los mismos que delinquieron impunemente en la región durante los últimos años.
La polémica suscitada en México por las políticas adoptadas en la lucha contra el narcotráfico no es baladí. La sensación es que resultará extremadamente complicado desactivar el entramado de corrupción generalizada que ha arrastrado a esta sociedad a un confuso enfrentamiento de todos contra todos. Los fabulosos beneficios obtenidos por el narcotráfico alimentan constantemente la posibilidad de que la situación se eternice. En opinión del economista investigador para la Universidad de Columbia (EEUU) y experto en asuntos de corrupción institucional, Edgardo Buscaglia, las mafias utilizan el andamiaje de los partidos políticos tradicionales para instalarse en el Estado mexicano. Los diferentes cárteles imponen a sus propios candidatos en las listas municipales, alcanzando un nivel de impunidad excepcional una vez instalados en el poder. La práctica habitual del soborno, la extorsión y el imperio del miedo ha favorecido que el límite entre el crimen y el Estado se haya difuminado.
Los especialistas en la experiencia colombiana aportan datos que no fomentan el apoyo de las Autodefensas. Para la investigadora Claudia López del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia: "la creación de grupos armados de civiles es algo que termina muy mal. Porque cuando el Estado pierde el monopolio de la defensa, la violencia acaba disparándose. La gente comienza con la idea de defenderse, pero para conseguirlo debe atacar. Así, pronto se expande el conflicto".
Por su parte, el historiador Carlos Medina Gallego amplía los conceptos de López: "El fenómeno paramilitar colombiano se dio como un proceso de privatización del ejercicio de la fuerza, la ley y la justicia. Liberó al Estado en su incapacidad para ejercer en regiones complicadas e instauró un Terrorismo de Estado. Sin embargo, después fue cooptado por los empresarios y la lógica de la industria del narcotráfico y se colocó a su servicio, protegiendo las zonas de cultivo, laboratorios o el transporte de las sustancias". Claudia López agrega que: "para defenderte de verdad no puedes hacerlo con cuatro escopetas y dos camionetas, necesitas superar la capacidad de fuego de tu enemigo. Lo cual te conduce a unirte con los enemigos de tu enemigo, si quieres sobrevivir".
En un comienzo, el crecimiento de las autodefensas paramilitares colombianas fue patrocinado por los mismos jefes narcos, para defenderse del M-19 y la ola de secuestros que este grupo armado perpetraba en el país. Recibieron entrenamiento sofisticado y armamento de gran poder, lo cual facilitó su propagación por todo el país. En los 90 se fusionaron en las Autodefensas Unidas de Colombia, asociación ilícita con la cual tuvo que negociar el poder político. En 1994, el gobierno de César Gaviria les abrió las puertas a que se legalicen como Cooperativas de Vigilancia Rural. Bajo esta nueva fachada, los paramilitares expandieron sus redes criminales y sus nexos con el poder político, económico y estatal. El expresidente Uribe también patrocinó este sistema siendo gobernador de Antioquía. Los paramilitares colombianos alcanzaron a ser más de 15mil combatientes agrupados en más de 500 cooperativas diferentes. Un desmadre que sólo condujo al infierno conocido.
Para el presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Camilo González Posso: "Si México no toma en cuenta la experiencia colombiana y opta por patrocinar que los civiles se armen para defenderse de los narcotraficantes y los legaliza, le aguardan al menos dos décadas de violencia parecidas o peores que Colombia". Vale recordar que Colombia ostentó el triste record de 79 asesinatos por cada 100mil habitantes en las décadas de los ´80 y ´90, el doble que la tasa actual mexicana.
Nada alejado de la polémica ha estado el asesoramiento recibido por Peña Nieto de parte de un conocido militar colombiano. La presencia del General Óscar Naranjo, ex jefe policial colombiano, ha levantado ampollas en la izquierda política mexicana, que no ha dudado en exponer sus dudas sobre la coincidencia en la aparición de las Autodefensas y la asesoría de Naranjo. A esta altura, hay fuertes indicios de que los procesos mexicano y colombiano son similares en unos cuantos aspectos estructurales. Con la tremenda experiencia vivida en Colombia, la sociedad mexicana debería centrarse para evitar cometer los mismos errores que los sudamericanos. Al Estado federal le corresponde la mayor de las responsabilidades en este conflicto, cuya resolución debería asumir sin estrategias suicidas.
Las Autodefensas de Michoacán no parecen ser la mejor solución a un conflicto que amenaza con extenderse en el tiempo de manera más que bochornosa. Sin embargo, estos grupos se expanden porque confluyen en la región cuatro aspectos determinantes para que esto suceda. En primer lugar, la miseria extrema asola Tierra Caliente con inusitada virulencia en relación con otras zonas de México. En segundo término, los cárteles de Jalisco y los Caballeros Templarios continúan sometiendo a la población con su guerra implacable que abarca los estados de Guerrero y Michoacán. Tercero, los lazos entre políticos y mafiosos son demasiado evidentes. Y cuarto, el apoyo ciudadano a las Autodefensas es más que notorio. Como muestra de este último fenómeno, hace escasos días se ha podido constatar que un grupo numeroso de ancianos han tomado las armas en el municipio michoacano de Coahuayana, donde son conocidos como Los Abuelitos Comunitarios. Uno de ellos, el octogenario Marcelino Martínez Mendoza afirma que "Los abuelitos del movimiento ya no tenemos miedo porque de todos modos nos vamos a morir y más vale perder la vida luchando".
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| Una anciana armada con fusil de guerra en Michoacán. |
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